En el reinicio de las clases tras el receso invernal, el Ministerio de Capital Humano supervisará que los establecimientos garanticen el 75% de la prestación mínima que exige la reforma laboral.
El reinicio del calendario escolar tras las vacaciones de invierno se desarrolla en un escenario de alta tensión entre el gestión de Javier Milei y los gremios de la educación. Con el paro docente convocado a nivel nacional por la Confederación de Trabajadores de la República Argentina (CTERA), el Gobierno pondrá a prueba por primera vez la aplicación de la reforma laboral que catalogó a la educación básica como un “servicio esencial”.
A través del Ministerio de Capital Humano, las autoridades nacionales adelantaron que inspeccionarán el nivel de actividad en las instituciones públicas para verificar el cumplimiento del esquema mínimo del 75% de cobertura presencial estipulado por la ley.
Qué establece la normativa sobre las prestaciones mínimas
La medida oficial se ampara en el artículo 24 de la Ley 27.802, regulación aprobada por el Congreso que encuadra dentro de los servicios de importancia trascendental al cuidado de menores y a los niveles de educación guardería, preescolar, primario, secundario y educación especial.
Según esta estructura legal, ante cualquier medida de fuerza o conflicto colectivo de trabajo, las instituciones educativas deben mantener un funcionamiento operativo básico que garantice el derecho a la educación del alumnado.
Supervisión, multas y posibles sanciones a los gremios
Sandra Pettovello, ministra de Capital Humano Foto: Télam
Desde Balcarce 50 confirmaron la puesta en marcha de un esquema de monitoreo en los establecimientos estatales de todo el país durante la jornada de protesta. En caso de constatarse cierres totales o un acatamiento al paro que impida alcanzar el piso fijado por la norma, la Secretaría de Trabajo avanzará con las denuncias correspondientes.
Las autoridades nacionales remarcaron que el incumplimiento del protocolo dará inicio a sumarios administrativos y procesos sancionatorios contra las entidades sindicales. Si bien admiten que se trata de un trámite legal extenso, confirmaron que el primer paso ante las irregularidades detectadas será la aplicación de multas económicas a las organizaciones gremiales responsables.