Por Angel Flores
Convenios con Julio De Vido, pagos millonarios, auditorías inconclusas, caños abandonados y una obra que terminó costando varias veces más de lo previsto.
El Gasoducto Productivo Casa de Piedra–Chilecito nació como una de las obras más ambiciosas de la historia de La Rioja. Debía llevar gas natural a Los Llanos y al Valle Antinaco-Los Colorados, impulsar la producción, generar empleo y beneficiar a cerca de 100 mil riojanos.
Sin embargo, quince años después de los primeros convenios, la obra acumula una historia marcada por anuncios políticos, millonarios desembolsos nacionales, paralizaciones, auditorías, cambios de contratistas y sospechas que nunca terminaron de aclararse.
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La gran pregunta sigue vigente:
¿Cuánto dinero se envió realmente para el gasoducto y cuánto costó finalmente una obra que estuvo años paralizada y que incluso fue denunciada como una obra “ya pagada” que debió volver a financiarse?
El origen: Beder Herrera y Julio De Vido
La historia comenzó el 11 de noviembre de 2010.
El entonces gobernador Luis Beder Herrera firmó con el ministro de Planificación Federal Julio De Vido un convenio marco y otro específico para construir el Gasoducto Productivo.
La primera etapa uniría Casa de Piedra con Chamical y Patquía.
La segunda llevaría el servicio hasta Chilecito.
Un año después, en diciembre de 2011, se licitó la primera etapa.
La única oferta presentada fue de la empresa Isolux Corsán, por 279.140.200 pesos.
A valores de aquella época, con un dólar oficial cercano a los $4,14, la obra equivalía a aproximadamente 67 millones de dólares.
El plazo de ejecución previsto era de apenas diez meses.
Los pagos llegaron, pero la obra no apareció
Según documentación oficial obtenida por distintos pedidos de acceso a la información pública, la Nación transfirió a la Provincia fondos para ejecutar la primera etapa.
Los registros indican que se realizaron tres desembolsos:
- 13 de septiembre de 2013.
- 14 de mayo de 2014.
- 14 de diciembre de 2014.
El total transferido fue de aproximadamente 236,5 millones de pesos, equivalente a más de 60 millones de dólares de aquella época.
Sin embargo, la obra jamás alcanzó el nivel de ejecución comprometido.
Diversas fuentes técnicas y políticas sostuvieron durante años que apenas se colocaron algunos kilómetros de cañería en cercanías de Casa de Piedra.
Los trabajos quedaron abandonados y el proyecto se paralizó.
La denuncia que nunca avanzó
Uno de los dirigentes que más investigó el caso fue el diputado nacional Héctor Olivares, asesinado en 2019.
Olivares obtuvo información de Enargas y sostenía que la totalidad de los fondos previstos para la primera etapa había sido transferida.
Según relató públicamente, existían evidencias de que millones de pesos habían llegado a la provincia mientras la obra permanecía inconclusa.
Sin embargo, pese a contar con documentación y fotografías del tendido abandonado, nunca prosperó una denuncia judicial que permitiera determinar responsabilidades.
Los caños desaparecidos
En julio de 2019 se produjo otro episodio que generó polémica.
Dirigentes de Chamical denunciaron que un camión intentaba retirar caños pertenecientes al gasoducto que se encontraban abandonados en la zona del cruce de las rutas 38 y 79.
La situación fue denunciada ante la Policía.
El hecho nunca fue aclarado públicamente.
Tampoco se conocieron resultados de una investigación judicial sobre el destino de esos materiales adquiridos con fondos públicos.
La obra “ya pagada” volvió a financiarse
Tras años de paralización, la obra fue reactivada durante la gestión del gobernador Ricardo Quintela.
El 27 de agosto de 2021, Quintela recorrió los trabajos junto al secretario de Energía de la Nación, Darío Martínez.
Durante esa visita se anunció una inversión cercana a los 3.000 millones de pesos para finalizar la primera etapa del gasoducto Casa de Piedra–Chamical–Patquía.
A valores de ese momento, equivalían a aproximadamente:
- 30 millones de dólares al tipo de cambio oficial.
- 17 millones de dólares al dólar blue.
La paradoja fue inmediata.
La misma obra que años antes había sido presentada como totalmente financiada y prácticamente pagada volvió a recibir miles de millones de pesos para poder completarse.
Es decir, el Estado Nacional terminó aportando nuevos fondos para una infraestructura que, según los registros históricos, ya había recibido la mayor parte de los recursos necesarios para su ejecución.
La segunda etapa multiplicó los costos
En diciembre de 2021 se firmó un nuevo convenio para construir el tramo Patquía–Chilecito.
La inversión anunciada fue de aproximadamente 5.540 millones de pesos.
Sin embargo, la inflación y las redeterminaciones de precios modificaron completamente el presupuesto.
Documentación oficial indica que posteriormente se solicitaron actualizaciones por más de 6.316 millones de pesos adicionales.
Como resultado, el costo estimado de esa segunda etapa se elevó hasta casi 11.900 millones de pesos.
Más del doble de lo presupuestado originalmente.
Los números finales que generan dudas
Los propios informes oficiales del Gobierno provincial indican que entre 2019 y 2023 la Nación transfirió más de 10.329 millones de pesos para el Gasoducto Productivo.
Si se suman:
- Los fondos enviados durante la gestión de Beder Herrera.
- Los recursos destinados a la reactivación de la obra.
- Los desembolsos para la segunda etapa.
- Las redeterminaciones posteriores.
La cifra final comprometida por el Estado supera ampliamente los montos originalmente anunciados.
Y allí aparece la pregunta central.
¿Cuál fue el costo real definitivo del gasoducto?
Hasta hoy no existe un informe público integral que detalle en forma unificada:
- Todos los fondos nacionales enviados desde 2010.
- Los certificados efectivamente pagados.
- Las redeterminaciones aprobadas.
- Los avances físicos reales.
- Las observaciones de auditoría.
- Las responsabilidades por las paralizaciones.
Las auditorías que nunca cerraron el debate
Durante años se realizaron inspecciones técnicas y revisiones administrativas.
Los informes oficiales reconocieron diferencias entre los avances previstos y los efectivamente ejecutados.
También confirmaron que la obra permaneció paralizada durante largos períodos.
Sin embargo, nunca se difundió una auditoría definitiva que explicara qué ocurrió con los fondos de la primera etapa ni quiénes fueron los responsables de los incumplimientos detectados.
Una historia atravesada por nombres polémicos
La cronología de la obra involucra a varios de los funcionarios más cuestionados de la última década.
Los convenios originales fueron firmados por Julio De Vido.
Las gestiones posteriores involucraron a Roberto Baratta, condenado en la causa de los Cuadernos, y a José López, recordado por el escándalo de los bolsos con millones de dólares.
Todos ellos participaron de anuncios, reuniones o gestiones vinculadas al financiamiento de la obra.
Aunque ello no implica responsabilidad directa en las irregularidades denunciadas, el contexto político alimentó durante años las sospechas sobre el manejo de los fondos públicos destinados al gasoducto.
La pregunta que sigue vigente
Quince años después del anuncio original, la provincia finalmente se acerca a completar una obra largamente esperada.
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Pero el interrogante continúa abierto.
¿Cómo una obra presupuestada inicialmente en unos 67 millones de dólares terminó demandando, según los distintos desembolsos, actualizaciones y financiamientos registrados a lo largo de los años, una inversión estimada cercana a los 100 millones de dólares?
La diferencia entre el presupuesto original y el costo final —que deberá ser precisada mediante una auditoría integral— plantea una pregunta inevitable: ¿cuánto dinero se destinó realmente al Gasoducto Productivo Casa de Piedra–Chilecito y dónde terminó cada dólar invertido?
Mientras no exista una auditoría integral y transparente que permita reconstruir el costo total de la obra, el Gasoducto Productivo Casa de Piedra–Chilecito seguirá siendo mucho más que una obra energética.
Será también uno de los mayores interrogantes de la obra pública riojana de las últimas décadas.