Funcionarios del gobierno nacional, gobernadores -incluido Ricardo Quintela- representantes de los derechos humanos, ex ministros, periodistas y actores firmaron una solicitada en repudio a los seis años de detención que la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, transita desde el 2015. Allí expresaron su preocupación por el lawfare y plantearon que el caso de Sala se constituyó en el “laboratorio” de prueba de la gestión de Mauricio Macri para perseguir y encarcelar dirigentes sindicales, políticos y sociales.
En ese marco, la diputada Hila “Beba” Aguirre de Soria pidió su liberación. “Incansablemente sigo levantado la voz por la libertad de Milagro Sala, perseguida políticamente, injustamente privada de su libertad por causas judiciales armadas. Sí hay presxs políticos no hay democracia”, indicó.
La dirigente jujeña, que cumple actualmente arresto domiciliario, fue condenada en junio a tres años de prisión por un escrache. Ya había sido condena por el delito de daños. Sin embargo, la Cámara ordenó en 2017 revisar el fallo y dictar un nuevo veredicto, sumando la acusación de amenazas.
En junio, un nuevo tribunal, integrado por los jueces María Alejandra Cataldi, Marta Liliana Snopek y Mario Héctor Juárez Almaraz, condenó a Sala a tres años y seis meses de cárcel por ambos delitos.
El episodio, por el que Sala también fueron condenadas las dirigentes María López y Ramón Salvatierra, ocurrió en octubre de 2009, durante una visita a Jujuy del por entonces senador Morales.
La condena contra Milagro Sala es por “daños” y “amenazas” contra el ahora gobernador de Jujuy, Gerardo Morales. Foto Marcelo Carroll
Fue en una recorrida por las instalaciones del Consejo de Ciencias Económicas de la capital jujeña, junto a personal de la Auditoría General de la Nación. Como Sala no se encontraba en el lugar en ese momento, el tribunal la condenó como “instigadora”.
Según reconstruyeron los jueces, en el lugar se encontraban López (recibió la misma pena que Sala) y Salvatierra (recibió dos años y un mes en suspenso).
López fue sindicada por varios testigos como quien advirtió por teléfono del arribo de Morales al lugar. Salvatierra, en tanto, lideró a un grupo de entre 10 y 20 personas, que increparon y amenazaron a Morales para que cesaran controles sobre los movimientos sociales allegados a Sala.
Según la denuncia de Morales, hombres de entre 18 y 35 años fueron “directamente” al senador y comenzaron a “arrojarle huevos, sin mediar palabra alguna”. También dijo que hubo golpes, amenazas e insultos.
El fallo condenatorio concluye que quedó “plenamente acreditado” que días antes del episodio hubo dos reuniones en la casa de Sala. Allí, según los jueces, la dirigente social “describió las conductas a realizar para lograr su cometido, esto es, evitar por cualquier medio que Gerardo Morales hablara en la conferencia” en el Consejo.
De acuerdo a su testimonio, ya había recibido amenazas por intermedio de su hermano Freddy Morales y del entonces diputado Carlos Toconas, después de que él cuestionara la “asignación discrecional” de licencias de radio FM a organizaciones sociales.