Tras las controversias registradas en Buenos Aires, Entre Ríos y Neuquén, Javier Milei sumó una nueva turbulencia. Esta vez, en Catamarca, donde uno de los referentes libertarios acusó al principal operador político del candidato presidencial de exigirle una “coima” de US$ 100.000 como condición ineludible para posicionarlo en la provincia y bajar la lista de su rival interno en ese distrito.
La acusación la lanzó el dirigente político José “Chichí” Jalil, uno de los rostros más visibles del espacio libertario en Catamarca desde hace un año, quien afirmó que Carlos Kikuchi le exigió esa suma de dinero para desactivar la lista de La Libertad Avanza que había sido oficializada en la provincia y que irá unida a la boleta presidencial.
“Chichí” Jalil afirmó que Kicuchi le exigió esa suma en dos tramos. El primero, por U$S 50.000, para garantizarle que bajaba a la lista que lleva como candidato a gobernador a José Jalil Colomé. Y el segundo tramo, también por U$S 50.000, al momento de presentarse los modelos de boleta, según consignaron los medios locales “El Ancasti” y “El Diario de Catamarca”.
La acusación de Jalil, quien en abril se había presentado como “apoderado” de La Libertad Avanza en Catamarca, se suma así a otras denuncias públicas en distintos puntos del país sobre un sistema de recaudación, la compra de candidaturas en dólares y exigencias de entregar cargos en el Estado que acumula el entorno íntimo de Milei.
Jalil afirmó que no accedió a la exigencia de Kikuchi, motivo por el que la conducción partidaria nacional presentó una addenda a las actas de constitución que permitió incorporar al espacio libertario en Catamarca a los partidos Unite y Movimiento de Integración y Desarrollo, lo que terminó por beneficiar a la otra línea interna.
Consultados por La Nación, voceros de Milei mantuvieron durante las últimas semanas la misma posición oficial. Indicaron que las críticas y reclamos que salen a la luz son consecuencia lógica de los cierres de listas en cada distrito. “Los que quedan afuera, se siente dolidos y se quejan; es lo normal”, indicaron.
En ese sentido, desde el armado libertario que prevaleció en Catamarca y que impulsa la candidatura a gobernador de José Jalil Colomé, indicaron que José “Chichi” Jalil y Javier Galán “no aceptaron los espacios que les fueron propuestos”.
La acusación de “Chichí” Jalil se suma a los audios que salieron a la luz en Entre Ríos en los que se explicita que los aspirantes a un cargo electivo debían aportar dólares, con la opción de pagar en cuotas. “Hay un monto, hay un monto mensual que cada candidato debe empezar a cumplir a partir de que es precandidato, así que ya estamos trabajando sobre eso con tiempo récord”, planteó Liliana Salinas, referente provincial del espacio, en uno de esos audios.
Salinas involucró en las exigencias de dinero a Milei, a Kikuchi y a otro operador. “Tienen que en primer lugar que financiar esto. Digamos, es así. Nadie se va a sorprender. Ni Kikuchi se va a sorprender, ni Julio Serna se va a sorprender, ni el mismo Javier Milei se va a sorprender porque Javier Milei justamente es el que le está haciendo lo mismo a los futuros candidatos. Tienen que financiar la campaña. Es así”, sostuvo.
Los audios salieron a la luz luego de que Juan Carlos Blumberg se alejara del espacio tras acusar a Milei, a su hermana Karina, a Kikuchi y al armador en territorio bonaerense, Sebastián Pareja, de hacer “un negocio” de la política. Los acusó de pedir hasta “50.000 dólares” por una candidatura a concejal en el partido de Tigre.
Horas después, Milei utilizó las redes sociales para rechazar las acusaciones de Blumberg. “A ver si se entiende de una vez. En este espacio se queda el que viene a poner (aquí cada uno se banca con la propia)”, escribió en Twitter. “El que quiere venir acá a ver si roba un carguito sale eyectado. Denuncien todo lo que quieran”, desafió.
Quien salió a cruzarlo fue su otrora aliado y hoy crítico acérrimo, Carlos Maslatón. Lo acusó de “subastar” candidaturas y montar un “régimen de franquiciado político”, lo que reafirmó al presentarse a declarar como testigo en los tribunales federales de Comodoro Py, en la investigación que inició la Justicia electoral.