*Por el Equipo de Investigación de EL FEDERAL ONLINE
Esta semana se conoció un escrito que presentó la vicerrectora de la UNLaR, Marita Corzo, para intentar retener el cargo de presidenta de OSUNLaR. Fue desplazada hace dos semanas por decisión del Consejo Directivo, debido a múltiples irregularidades. En esta nota, EL FEDERAL ONLINE, el primer medio que investigó a la gestión de la contadora, detalla en exclusiva el contenido del informe presentado en abril de 2023 por la sindicatura, que enumera una gran cantidad de anomalías, como contratos con posibles sobreprecios, dudas sobre el sistema de becas y problemas contables.
El informe, que lleva la firma de la síndica Liliana Ortiz Fonzalida, comienza detallando las dificultades que tuvo la profesional para recabar información, debido a una circular que el 16 de marzo emitió Marita Corzo, donde se prohibió que los encargados de las distintas áreas de OSUNLaR “briden información, documentación, acceso a los sistemas, claves y demás situaciones que se les soliciten”, sin previa autorización del Consejo Directivo, que por ese entonces manejaba la vicerrectora de la UNLaR.
En ese sentido, Fonzalida denunció que sólo recibió cuatro de las más de 20 resoluciones internas de presidencia. Y que en abril se abrieron 301 expedientes internos, pero la síndica sólo pudo intervenir en 50. Queda a la luz la falta de voluntad de Corzo para transparentar su gestión.
Becas
Una de las cuestiones que analizó la síndica es el expediente 19.537, llamado “pago de becas”. Aquí se abren dos cuestiones.
Primera: que no se respetaron los requisitos para la selección de los becarios, que -por ejemplo- deben ser estudiantes o graduados de la UNLaR, con más de 7 de promedio. Desde hace tiempo se dice que en OSUNLaR sólo se nombran a los “amigos de”. La síndica lo dejó en claro en su informe.
Segunda: que no parecerían ser becas, en su sentido más puro (una ayuda, un estímulo, a cambio de una contraprestación sencilla), sino que se habría usado ese sistema para nombrar personas a dedo y encubrir relaciones laborales, lo que a la vez abre el riesgo de que los beneficiarios le inicien juicios laborales a la obra social.
Este último punto requiere cierta profundización. Del análisis de la síndica se desprende que hay 22 becarios, que en marzo cobraron, entre todos, $2.134.125, es decir, un promedio de $97 mil por persona. El monto parece ser muy alto para una beca concedida por una obra social.
Todos trabajan en el Centro Social y Deportivo, usualmente llamado “el camping de OSUNLaR”, pero al analizar los sueldos de los becarios sale a la luz una evidente desproporción. Por ejemplo, L.G.D. trabajó supuestamente en marzo 186 horas, 180 de las cuales fueron de lunes a viernes, es decir, casi 8 horas por día, prácticamente como cualquier empleado. Cobró $141 mil pesos, más de lo que percibió, por ejemplo, J.B., que además de ser becario, es el coordinador del buffet.
También hay una evidente desproporción en cuanto a los cargos. Hay ocho personas designadas a la administración de las canchas. Seis de ellos trabajaron más de 110 horas en el mes. ¿Tanto trabajo requiere?
Centro social y deportivo
Buena parte de las dudas giran en torno al “camping”. Una de ellas es la relación costo-beneficio. El lugar tiene 34 personas trabajando, supuestamente, algo que a todas luces parece excesivo.
Según el informe de la síndica, la pérdida en marzo fue de $2,2 millones, prácticamente el mismo monto usado para pagar las 22 becas. Casi 94 mil pesos de diferencia, para ser exactos. Y al margen del uso de la pileta en verano, los beneficios para los afiliados son mínimos. Este medio volverá sobre este tema en el futuro.
Hay otra cuestión ahí, algo que ya había revelado EL FEDERAL ONLINE en sus primeras investigaciones. A través de una resolución interna recogida en el informe de la síndica, Corzo designó a su pareja, Miguel Ángel Gómez, como administrador del centro social y deportivo a partir del 2 de enero. Fue nombrado ad honorem, aunque varios medios revelaron hace unos meses que cobra un salario como asesor de la Vicerrectoría, lo que despierta muchos interrogantes.
Al margen del repudiable nepotismo, en primer lugar, hay una ostensible incompatibilidad de funciones. Es lo mismo que le ocurre a Corzo: ¿cómo ejercer de manera eficiente los dos cargos al mismo tiempo?
En segundo lugar, todas las fuentes consultadas aseguraron que manejaba un presupuesto millonario, en torno a los 4 millones de pesos mensuales.
En tercer lugar, la síndica advirtió que asignar una función a una persona ajena a la obra social abre un mar de dudas. Pero hizo hincapié en una: que en la resolución interna se le otorgó “todas las responsabilidades y atribuciones”, lo que da lugar a mucha “arbitrariedad”, en palabras de la síndica, pues no hay un manual de funciones que establezca cuáles son esas responsabilidades y esas atribuciones.
Por otra parte, para cobrar en el Centro Social y Deportivo se usaba una cuenta de Mercado Pago. La síndica informó que no pudo constatar que su apertura haya sido autorizada por el Consejo Directivo. ¿Cómo se manejaba ese dinero?
¿Sobreprecios?
Hay otro expediente sobre el cual la síndica hizo hincapié. Es el 19.415, a través del cual se contrató a una empresa para talar 10 eucaliptos para construir el estacionamiento del Centro Social y Deportivo. Según el informe, no se respetó el procedimiento, no intervino el Consejo Directivo, no hubo evaluación de impacto ambiental y la firma contratada no respetó las condiciones laborales ni de seguridad social de los trabajadores.
El expediente se tramitó por más de $5 millones, pero se autorizaron $4,2 millones, es decir, $420 mil por árbol. Según averiguaciones que hizo EL FEDERAL ONLINE, la tala de un árbol de hasta 30 metros cuesta entre $20 mil y $60 mil, y los de 30 a 60 metros, hasta $140 mil.
Maltrato
La síndica relató que el 20 de abril a la mañana hubo una reunión solicitada por la secretaria general del sindicato ATUR, Alicia Luna, en la que participaron varias autoridades, pero no Marita Corzo. Allí la gremialista contó que recibieron denuncias y reclamos de empleados sobre “situaciones que generan un ambiente de trabajo hostil”.
También el informe subraya que durante el encuentro, Corzo llamó a algunos asistentes de la reunión, a los que amenazó con colocar sanciones disciplinarias si no levantaban el encuentro y les advirtió que “iba a llamar a la policía para que desaloje la sala”.
Transparencia
El informe continúa detallando que al 27 de abril no se habían presentado los balances de 2022, algo que debería haberse realizado antes del 30 de enero. También señaló que los estados contables de 2020, 2021 y 2022 “no fueron realizados en el tiempo establecido por el reglamento interno” y que “ninguno cuenta con el correspondiente informe obligatorio del síndico y del gerente general”.
Más incumplimientos: no se presentaron los presupuestos de 2022 y 2023 ni se convocó a elecciones, a pesar de que el llamado a las urnas fue aprobado por resolución del Consejo Directivo. Este último organismo, a su vez, no se reunió con la frecuencia establecida en el estatuto.
¿Transparencia?
Tras su destitución, una de las principales defensas de Corzo fue que contrató a un auditor externo “para llevar tranquilidad a los afiliados”. Sin embargo, el informe de la síndica manifestó sus dudas sobre la designación del contador Cabral Peñaloza. Advirtió que “el procedimiento de selección del profesional fue discrecional” y que “no se realizó una convocatoria pública de profesionales expertos para su selección”.
No es necesario explicar que una auditoría externa busca darle cierta transparencia a una gestión a través de una persona independiente, pero si la persona a fiscalizar elige a su auditor, el proceso queda completamente desvirtuado.
Además, la síndica advirtió que la decisión de nombrar un auditor externo es “controvertida”, porque “no respetó las facultados de control del rector de la universidad y del Consejo Superior, otorgados por el Estatuto de la obra social”.
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