[REDACCIÓN EL FEDERAL] La jueza Cecilia Córdoba rechazó el pedido para investigar a la jueza Edith Aguero y otros magistrados y funcionarios judiciales. Lo hizo sin pedir pruebas ni abrir la investigación, en apenas 48 horas. En la querella creen que debería haberse inhibido, dado que la magistrada tendría una causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción Nº2, que está a cargo del jueza Héctor Barría, uno de los acusados.
Los denunciados son los jueces Edith Elizabeth Agüero, Rodolfo Ortiz Juárez, Héctor Daniel Barría y Ariel Bacco. Todos fueron acusados por los delitos de tráfico de influencias, mientras que a los últimos tres, también por abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y cohecho. Además la denuncia pide investigar al asesor de menores Pablo Cubillo, a un fiscal y a dos secretarias.
La denuncia fue presentada el lunes y el miércoles la jueza Córdoba la desestimó sin pedir ninguna medida de prueba ni nada, y ordenó el archivo de las actuaciones.
En pocas palabras, la denunciante aseguró que hubo irregularidades en un expediente en el que se pedía la cuota alimentaria para una nena, que reclamaban al sobrino de la jueza Edith Agüero. Y afirmó que su denuncia iba en sintonía con un testimonio de la jueza Norma Abate de Mazzucchelli, quien declaró que Agüero le había pedido ayuda en esa causa.
Por eso, entre otras medidas, se había pedido que Abate de Mazzucchelli sea citada a declarar. ¿Será que la justicia le tuvo miedo a esa declaración?
Queda en el aire una pregunta: ¿Cecilia Córdoba no debería haberse inhibido? Sucede que cuando Córdoba fue nombrada en medio de una polémica, la abogada Esther Broilo, como miembro del Consejo de la Magistratura, había advertido que la flamante jueza tendría una causa penal abierta por estafa y otros delitos en el Juzgado de Instrucción Nº2, a causa del juez Barría. Y Barría es justamente uno de los jueces denunciados, por lo que Cecilia Córdoba, de ser cierta esa información, debería haberse apartado del expediente.
Se trata del expediente 61118, abierto en el Juzgado de Instrucción 2, un caso que EL FEDERAL ONLINE cubrió con todos sus detalles. La causa se inició a raíz de la denuncia de la apoderada de la empresa San Francisco por una supuesta maniobra de extorsión por 15 millones de pesos que habría incluido la complicidad de dos jueces y una fiscal. Los acusó por los delitos de extorsión y tráfico de influencias, y habrían sido imputados por la Fiscalía, según una nota de prensa del Ministerio Público. A su vez, por esa acusación, el Tribunal Superior de Justicia informó en un comunicado que se inició un expediente administrativo.