La polémica por el caso del condenado por abuso sexual a una menor que obtuvo el título de psicopedagogo mientras cumplía condena en el Servicio Penitenciario Provincial sumó un nuevo capítulo. Luego de que El Federal revelara en exclusiva la situación y expusiera el fuerte rechazo social que generó la celebración oficial del logro académico, el Colegio de Profesionales de la Psicopedagogía de La Rioja confirmó que no prevé otorgarle la matrícula profesional para ejercer.
La presidenta de la entidad, Sonia Galleguillo, explicó que desde el año pasado la legislación que regula la matrícula profesional incorporó como requisito obligatorio la presentación del certificado de antecedentes penales, condición que el condenado no podría cumplir debido a su situación judicial.
“Genera gran preocupación en la comunidad y en la sociedad en general, además de un lógico repudio. Como Colegio hemos incorporado desde el año pasado uno de los requisitos para matricularse: contar con el certificado de antecedentes penales. En este caso no podría obtenerlo”, afirmó Galleguillo en declaraciones radiales.
La titular del Colegio sostuvo además que la normativa no sólo contempla consultas a nivel provincial, sino también nacional, y que se encuentra vinculada a tratados internacionales y disposiciones contempladas en el Código Penal. Según explicó, estas restricciones ya se aplican en profesiones como la docencia y la medicina, además de otras actividades afines que implican contacto con personas en situación de vulnerabilidad.
La controversia se originó cuando el Servicio Penitenciario Provincial difundió en sus redes sociales la graduación del interno como un “hito” institucional, publicación que rápidamente generó una ola de cuestionamientos por tratarse de una persona condenada por un delito sexual contra una menor de edad.
Galleguillo reconoció que la repercusión pública fue inmediata y aseguró que el malestar social es comprensible. “La publicación generó una gran repercusión y un gran malestar, y es entendible. Nuestra ley determina como requisitos tanto el diploma como el certificado de antecedentes penales, y al ser una base nacional también lo limitaría para ejercer en otras jurisdicciones del país”, señaló.
Finalmente, la presidenta del Colegio recordó que la ley provincial que habilita esta medida fue sancionada el año pasado y confirmó que la situación ya fue comunicada a la federación nacional que nuclea a los profesionales de la disciplina.
De esta manera, pese a haber obtenido el título universitario durante su período de detención, el condenado no podría acceder a la matrícula profesional necesaria para desempeñarse como psicopedagogo, cerrando así una de las principales controversias surgidas tras la difusión del caso que El Federal dio a conocer en exclusiva.