[REDACCIÓN EL FEDERAL] El ex chofer del intendente de Sanagasta, Federico Sbiroli, lo acusó de cometer varios delitos y lo denunció por coacción y amenazas ante el Ministerio Público Fiscal, pero la causa no avanzó, según contó el joven a EL FEDERAL. Sin embargo, la “contradenuncia” que el jefe comunal le hizo luego por calumnias e injurias ya llegó a instancia de conciliación. Hay, en paralelo, cinco pedidos de juicio político frenados por los concejales. En esta nota, un repaso de lo que la justicia podría hacer.
Ezequiel Vázquez fue chofer del ex intendente de Sanagasta, José Aparicio, y continuó en su puesto con Sbiroli en el poder. La relación se rompió hace unos meses y el joven denunció que Sbiroli alguna vez lo obligó a robar las llaves del parque automotor del departamento. Para eso mostró varios chats y audios más que sugestivos y fue a la justicia.
Esos audios y mensajes probaban algunas cosas que podrían parecer menores. Por ejemplo, como habrían ayudado a una hija de Gustavo Minuzzi, ex intendente de Arauco, a sacar la licencia de conducir sin hacer la fila ni pagar.
Pero también Vázquez hizo dos graves acusaciones. Primera: que lo ayudó a Sbiroli a violar la cuarentena al subirlo al baúl del auto oficial. Segundo: que junto a otras cinco personas los obligó a contar entre 11 y 12 millones de pesos de los 15 millones de pesos que la provincia había enviado para hacer el Chayero sanagasteño, que fueron llevados a la casa del intendente y guardados en una caja fuerte.
La defensa que ensayó Sbiroli es una falacia. En varios medios aseguró que el dinero de las entradas del Chayero lo manejó el Banco Rioja, pero no habló en ningún momento de los 15 millones de pesos que envió la provincia. Ahí está la clave, según la denuncia. Es llamativo que el intendente haya esquivado el tema.
El día de la “rendición de cuentas” del Chayero, Sbiroli había dicho que esos 15 millones de pesos se usaron casi en su totalidad para pagar el escenario. EL FEDERAL pudo corroborar que en otros festivales de la provincia se abonaron cifras similares, lo que en principio sería fácil de demostrar.
Sin embrago, la justicia podría investigar si efectivamente el dinero que ingresó a las arcas municipales es el que se usó para costear el escenario, así como también, indagar sobre los precios de esas infraestructuras para ver si hubo sobreprecios.
También podría citar a declarar a Débora López, ex titular de Rentas municipal, hoy enfrentada con Sbiroli. O mandar a peritar el teléfono de Vázquez.
Asimismo, la justicia podría ordenar una medida de prueba en la casa de Sbiroli, similar a la que hizo en otra época la justicia federal en una vivienda del empresario patagónico Lázaro Báez, para ver si efectivamente tiene una caja fuerte.
Es importante que la justicia investigue. Para confirmar la denuncia o para limpiar el nombre de Sbiroli. Como sea, hay líneas de investigación a seguir.
Lo mismo ocurre con la denuncia que presentó Vázquez, que no tiene avances. Hay una persona que dice “un intendente me obligó a robar” y el Ministerio Público Fiscal la mantiene en el freezer.
Algo similar pasa en el Concejo Deliberante local, donde cuatro de los cinco concejales son fieles soldados del intendente. Fuentes legislativas precisaron a EL FEDERAL que hay cinco pedidos de juicio político contra Sbiroli, pero los giraron a distintas comisiones que no son la de Juicio Político para impedir que avancen.