Por Angel Flores
En la provincia de La Rioja, el periodismo atraviesa una realidad que pocas veces se discute públicamente: precarización estructural, salarios que no alcanzan y una representación gremial prácticamente inexistente.
Un relevamiento reciente realizado en medios de la capital y el interior por El Federal, expone un escenario que se repite con matices, pero con un denominador común: inestabilidad laboral y dependencia económica directa o indirecta del Estado.
En distintas localidades del interior riojano, gran parte de periodistas, locutores y trabajadores de radio cuentan con contratos municipales como principal fuente de ingreso. En muchos casos, esos contratos no reflejan tareas administrativas reales sino que funcionan como sostén económico para poder continuar trabajando en medios privados.
Se trata de contratos temporarios, sin estabilidad garantizada y con cobertura previsional limitada. La consecuencia es clara: vulnerabilidad laboral y dependencia política directa.
Capital: multimedios reconocidos, empleo informal
En la ciudad de La Rioja, donde se concentra la mayor cantidad de radios, portales y canales de televisión, el esquema cambia pero la precariedad persiste.
Muchos trabajadores cumplen funciones en medios privados mientras perciben ingresos a través de contratos temporarios en ministerios, organismos descentralizados o la Legislatura provincial. Otros facturan como monotributistas, sin relación de dependencia formal.
“El tema es que la mayoría de los dueños de los medios, son políticos que hacen décadas están en cargos del gobierno”, dijo un reconocido periodista.
Pero el dato más preocupante surge de los propios trabajadores:
una mayoría cobra en negro, incluso en multimedios reconocidos de la provincia.
Entre los entrevistados, pidieron no ser nombrados en la nota, para no perjudicar su situación
Los sueldos, según el relevamiento, no superan en la mayoría de los casos los 800 mil pesos mensuales de bolsillo, cifra que representa un techo salarial bajo para jornadas completas y tareas profesionales que incluyen producción, conducción, móviles, edición y generación de contenidos multiplataforma.
“Hay un presidende de una cooperativa que tiene un cargo en la Legislatura en planta permanente desde hace más de 10 años. Ya con eso te digo todo”, resaltó el entrevistado.
Sin aportes jubilatorios, sin obra social formal, sin ART y sin indemnización ante despidos, el riesgo lo asume exclusivamente el trabajador.
El problema no es nuevo, pero se ha profundizado. En una provincia con mercado publicitario privado limitado, muchos medios dependen en gran medida de la pauta oficial. Esa estructura económica condiciona el financiamiento empresarial y, en consecuencia, el tipo de contratación laboral.
El resultado es un esquema híbrido donde el Estado termina siendo, directa o indirectamente, el principal sostén económico de gran parte del ecosistema mediático.
A nivel nacional existe la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, que históricamente nuclea al sector. Sin embargo, en La Rioja la intervención sindical es prácticamente inexistente en términos concretos.
No hay paritarias provinciales activas.
No se aplican escalas salariales de referencia.
No se registran inspecciones laborales impulsadas desde el ámbito gremial.
No existen conflictos visibles promovidos por representación sindical.
En la práctica, los trabajadores quedan librados a negociaciones individuales con cada medio.
La precarización también genera otro efecto menos visible pero igual de profundo: autocensura indirecta. Cuando el ingreso depende de contratos estatales paralelos o acuerdos informales, el margen de independencia se reduce.
La falta de estabilidad y la debilidad gremial configuran un escenario donde denunciar condiciones laborales implica, muchas veces, poner en riesgo la propia fuente de ingresos.
El periodismo es una actividad esencial para la vida democrática. Sin embargo, en La Rioja la realidad laboral del sector dista de estar a la altura de esa función. Salarios bajos, informalidad extendida, contratos temporarios encubiertos y escasa defensa sindical conforman un esquema que se ha naturalizado.
La discusión no es solo salarial. Es institucional.
Mientras no exista un debate serio sobre la sustentabilidad del sistema de medios y las condiciones laborales de quienes lo integran, la precarización seguirá siendo la regla y no la excepción.