*Por el Equipo de Investigación de EL FEDERAL ONLINE

Sí, aunque usted no lo crea, todavía hay más irregularidades que se suman a las ya detectadas en el proceso de contratación directa de Estacionalo SRL, la empresa sin antecedentes que se quedó con el jugoso contrato del estacionamiento medido de La Rioja. El supuesto documento que habrían firmado varios concejales y funcionarios para avalar el convenio tiene argumentos falsos, tiene un membrete del Ejecutivo municipal y no del Concejo Deliberante, y fue suscripto por personas que ni siquiera deberían haber integrado la comisión evaluadora.

Desde el primer día el Municipio subraya que en el proceso de contratación de Estacionalo intervino una “comisión evaluadora”. Es el argumento que suelen usar en Juntos por La Rioja para defenderse de los que denuncian que el contrato debería haber sido aprobado por el Concejo Deliberante, tal como reclaman los vecinos que se presentaron en la justicia para pedir que el convenio sea anulado (foto).

En primer lugar, una aclaración fundamental: absolutamente todos los convenios que firma un intendente en los 18 departamentos de La Rioja deben ser aprobados por el Concejo Deliberante local. Así lo establece en dos artículos la ley orgánica de municipios. No hay forma de esquivar ese paso legal. Ni siquiera el propio cuerpo de concejales tiene la facultad de eximir al Municipio de esa obligación de enviar los convenios a los ediles para su aprobación o rechazo.

Aclarado esto, la noticia. Ayer se viralizó una nota supuestamente firmada por varios concejales y funcionarios del Municipio, que integraron la comisión evaluadora que recomendó que la concesión del estacionamiento tarifado sea otorgada a la empresa Estacionalo SRL. Atención a las cuestiones remarcadas en rojo, porque son las que llaman la atención y se explican en esta nota.

Primera observación: el papel ni siquiera tiene un membrete del Concejo Deliberante, sino del Ejecutivo Municipal. De allí queda claro que el Concejo no intervino, sino solamente un puñado de concejales, que habían sido previamente designados por un decreto por el viceintendente Guillermo Galván. Son los miembros de la comisión de servicios públicos.

Lo que no está claro es por qué hay funcionarios que también integraron esa comisión. Una vieja ordenanza de 2014 había establecido que un grupo de concejales –que hoy ya no son parte del cuerpo– debían participar en ese entonces de la confección del contrato de estacionamiento medido. En el Municipio utilizan esa ordenanza para justificar lo que hicieron, pero la comisión en ese momento había sido designada a través de una ordenanza. Lo correcto hubiera sido, entonces, establecer un mecanismo de selección y elegir a los miembros, pero a través de una ordenanza y no de un decreto.

Es más: la comisión original, según el texto citado por el propio municipio (ver foto), debía ser integrada sólo por concejales. Por eso no se entiende la participación de funcionarios y de miembros del Tribunal de Cuentas.

Por otra parte, el principal argumento que usan los firmantes para defender el contrato es una mentira o un engaño, según cómo se lo quiera ver. Dicen literalmente: “Se destaca principalmente la posibilidad de una implementación del servicio en un corto plazo posterior a la firma del contrato. Asimismo, el hecho de que la empresa ya tenga un software desarrollado, aplicación sencilla, accesible y en funcionamiento para la ejecución del servicio, lo que resulta de gran ventaja”.

Falso. Mentira. Engaño. ¿Delito?

Lo único que estaba listo en ese momento era una versión beta, muy precaria. Lo reconoció la propia empresa en su cuenta de PlayStore, cuando comenzó la etapa de prueba y la app empezó a recibir críticas, que hasta el día de hoy perduran (la aplicación tiene en este momento una estimación de los usuarios de 2,7 sobre 5 puntos).

Por ejemplo, el 24 de julio, David López, la persona que se presentó junto a funcionarios como “socio gerente” de la empresa aunque no es socio, escribió: “Estamos en etapa de Beta 2 de prueba abierta”. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿La app estaba lista y “en funcionamiento” o la estaban probando?

Más cerca en el tiempo, el 6 de septiembre, a tan sólo tres semanas de la fecha oficial de lanzamiento, López escribió: “El área de mapas se encuentra en desarrollo, habrá zoom y opciones en Google maps”.

Esto prueba que la empresa ganó la contratación directa sin que absolutamente nadie haya podido probar la aplicación, porque no estaba terminada. A menos que se hayan subido al DeLorean de Volver al futuro, todos y cada uno de los funcionarios que aseguraron que era un buen producto mintieron en un documento público, por lo que podrían haber incurrido en un delito.

EL FEDERAL ONLINE tuvo acceso en su momento a la insólita propuesta que presentó la empresa, que supuestamente fue modificada al celebrar el contrato porque tenía varias cuestiones perjudiciales para el municipio (aquí habría que preguntarse si acaso no se debería haber llamado nuevamente a una puja por contratación directa o licitación, pues la oferta ganadora fue cambiada).

Esa propuesta original aseguraba que Estacionalo “desarrolló entre otros productos un software de control y administración de Estacionamiento Medido, el cual puede descargarse en Google Play y App Store”. Lo que no aclaraba era que el software estaba en una versión beta y que la mayoría de sus funciones no se podían probar. Es más: tenía tantos errores según los comentarios de los propios usuarios en Google Play, que los funcionarios y miembros de la comisión lo deberían haber advertido.

Una curiosidad. Hay muchos indicadores de que el negocio ya estaba cerrado de antemano. Quizás por eso, luego del párrafo citado, la empresa aclaró en su propuesta que ya había firmado un convenio con el Banco Macro para usar el servicio Macro Click. ¿No es raro que ese acuerdo se haya celebrado antes de la adjudicación formal de la concesión?

Una última aclaración. El propio dictamen de la comisión evaluadora es una prueba de que el Concejo Deliberante no aprobó el convenio. Primero, porque justamente es un dictamen firmado por 5 concejales y no una ordenanza aprobada por la mayoría del cuerpo de 15 concejales. Segundo, porque la fecha del documento es anterior a la celebración del contrato. Esa sencilla afirmación basta para derribar cualquier discusión. Pero además, lo firmantes aclaran que su sugerencia es contratar a Estacionalo “salvo mejor criterio de la superioridad”. Esto quiere decir que no aprobaron nada, simplemente dieron su opinión, que ni siquiera fue vinculante para la Intendencia.

El martes al mediodía se informó oficialmente que unos 800 autos estacionaron a lo largo de esa mañana. Si suponemos que cada vehículo estuvo estacionado, en promedio, unas dos horas, la recaudación rondó los 144 mil pesos. De ese total, la empresa se quedó con unos 100 mil pesos sólo durante una mañana. Esto permite estimar una recaudación mensual de más de 5 millones de pesos, es decir, unos 300 millones de pesos a lo largo los 5 años que podría durar el contrato, algo que parece demasiado para una compañía que dijo haber invertido “entre 15 y 17 millones de pesos” en el desarrollo de una aplicación y que mintió sobre el origen de esos fondos.