[REDACCIÓN EL FEDERAL] El juez Gustavo Díaz imputó a un grupo de dirigentes del Sindicato Gráfico de La Rioja por el delito de “defraudación por administración fraudulenta”, debido a las irregularidades detectadas durante la investigación sobre el manejo de fondos del gremio y el uso de una mutual trucha. Entre los acusados está el actual secretario general, Adrián Molina, y su mano derecha, Francisco Albornoz. La semana próxima serán indagados.
El fiscal Luis González Aguirre, a la hora de pedir las imputaciones, tuvo en cuenta varias cuestiones. En primer lugar, sostuvo que “del relato de los hechos y las pruebas vertidas en la presente causa, se desprende la existencia de irregularidades en los balances del sindicato”, algo que se desprende de un contundente informe de la veedora judicial, que fue revelado la semana pasada por EL FEDERAL ONLINE.
Al respecto, el fiscal advirtió que de los libros contables del sindicato surgen “inconsistencias en los balances producto del estado de flujo de efectivo, donde no consta de donde provienen los ingresos y salidas”. Y alegó que hubo “gastos de administración que no se pudieron verificar”.
El fiscal también hizo hincapié en el uso, por parte de las autoridades del sindicato, de una entidad fantasma llamada Musigra, que funcionaba como un mutual, pero que no tenía el más mínimo respaldo legal.
Por último, en un dictamen sin fisuras, el fiscal González Aguirre tuvo en cuenta que de la primera denuncia que se hizo por el tema, que la impulsó la ex titular del sindicato, Cristina Miranday, “se desprende que Adrián Molina hacía transferencias de dinero a particulares sin autorización de la secretaria general”. EL FEDERAL ONLINE publicó la semana pasada las pruebas que presentó.
Ante ese panorama, el fiscal consideró que las autoridades del sindicato podrían haber cometido el delito de “defraudación por administración fraudulenta”, tipificado en el artículo 173, inciso 7, del Código Penal, que establece una pena eventual de un mes a seis años de prisión, por lo que los acusados podrían terminar tras las rejas.
Los imputados son Adrián Molina, entonces tesorero y actual secretario general; su socio sindical y actual tesorero, Francisco Andrés Albornoz; el ex vocal Bustos; el ex secretario de acción social, Gustavo Moreno, hoy alejado del gremio; y Segundo Antonio Albornoz, hermano de Francisco, por entonces revisor de cuentas.
El magistrado les designó un defensor oficial hasta que se presenten en el expediente y los citó a indagatoria para la próxima semana. Molina, Francisco Albornoz y Bustos deberán presentarse en el Juzgado de Instrucción Nº 1 el próximo lunes a las 10 horas, mientras que Moreno y Segundo Albornoz deberán comparecer el próximo martes, a la misma hora.
En paralelo a esta investigación, en la justicia federal hay otra causa contra las autoridades del sindicato, que ya cuenta con dictamen a favor de la apertura de la investigación por parte de la fiscal Virginia Carmona. Ahí se investigan los delitos de usura e intermediación financiera no autorizada.