Eduardo Belliboni, líder de la organización Polo Obrero, una de las más comprometidas en la investigación (foto Maximiliano Luna)
Los 27 allanamientos realizados tras una denuncia del Ministerio de Seguridad expusieron una supuesta maquinaria de recaudación montada con plata y comida para los más pobres, que viene funcionando a la vista de todos hace más de 20 años. Las organizaciones acusadas no dieron explicaciones.
La denuncia tuvo un trámite sigiloso de más de cuatro meses en la Justicia hasta la mañana del lunes, cuando Infobae anticipó que se estaban realizando múltiples allanamientos para dar condecenas de piqueteros acusados de extorsionar a beneficiarios de planes sociales. La causa se había iniciado a fines de diciembre en el fuero federal, a raíz de una presentación del Ministerio de Seguridad, en base a los testimonios obtenidos en la línea 134, que había sido habilitada por el Gobierno para quienes se sintieran víctimas de presiones indebidas por parte de las organizaciones que administraban las políticas de asistencia.
La línea telefónica gratuita -que desde su inauguración recibió 130 mil llamados- fue el conducto por el que pasaron cientos de relatos escalofriantes sobre diversos abusos. Se transmitieron algunos comportamientos irregulares, otros directamente ilegales y la mayoría crueles por quienes recibieron esos maltratos: desocupados, pobres y necesitados, la mayoría mujeres. A partir de las denuncias y la investigación que impulsó el fiscal Gerardo Pollicita, se pudo reconstruir una matriz montada con los recursos de planes sociales y alimentarios. Plata y comida distribuida por el Estado para los más pobres.
Los allanamientos se hicieron desde la madrugada de ayer, tras una resolución de la Sala I de la Cámara Federal que ordenó la semana pasada avanzar con los allanamientos y convalidó las intervenciones telefónicas que habían permitido desentrañar un presunto accionar delictivo. Es que el juez Sebastián Casanello se había opuesto.
Las órdenes de allanamientos recayeron sobre Jeremías Canteros, Elizabeth Palma, Giana Lucía Puppo, Cinthia Delgado, Gustavo Vásquez, Dina Iramain, Brisa Paucara, Ronald Vargas, Iván Candotti, Lorenzo Martelli, Mercedes Fossat, Manuel Alonzo, María Cecilia Cowper, Carlos Ignacio Fernández Kostiuk, Nilsa Elena Torres, Leslie Castillo, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Santa Jaramillo Morales, María Isolda Dotti, Gloria Estrada, Emmanuel Barriento, Tania Cassamello, Jorge Antonio Rosa y Duña Fiorely Saucedo Arias, entre otros.
Se trata de dirigentes y militantes del Polo Obrero, del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), de Barrios de Pie y de otras organizaciones menores que integran el universo de organizaciones sociales que vienen negociando, con mayor o menor nivel de confrontación, con los últimos gobiernos, independientemente de su signo. De todos, los más complicados son Canteros y Palma, personas de confianza del reconocido activista Eduardo Belliboni; y Dotti, que integra las filas del FOL, a quien le encontraron en su casa una fuerte suma de dinero que sorprendió a los efectivos de la Policía Federal y cuyo origen es motivo de investigación, aunque por ahora es un misterio.
Según consta en las actuaciones a las que tuvo acceso Infobae, en el allanamiento a María Isolda Dotti, en un departamento de planta baja de Avenida Chiclana 3000, en el barrio porteño de Parque Patricios, encontraron 54.448 dólares en efectivo, 478 mil pesos, un teléfono celular y un boleto de compraventa de una propiedad, cuyo contenido no trascendió. El monto total supera largamente los 55 millones de pesos, de acuerdo a la cotización libre de la moneda estadounidense.
El otro allanamiento significativo fue el que se realizó en la calle Monteagudo al 700, en el límite entre los barrios porteños de Parque Patricios y Pompeya. En el inmueble del Polo Obrero, donde estaban Jorge Antonio Rosa y Saucedo Arias se hallaron 16.425 dólares en efectivo, 6.882.589 pesos, cuatro notebooks, tres CPU, un DVR, un disco rígido y cuatro pendrives. En este caso, el monto total del dinero secuestrado supera los 22 millones de pesos.
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La Justicia ahora tendrá que determinar si ese dinero pudo haberse originado en las prácticas ilegales que se investigan. Es que la principal hipótesis que analizan Pollicita y los investigadores que reportan al Ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, es que las organizaciones piqueteras montaron una maquinaria que se retroalimentaba con recursos de planes sociales y alimentos que recibían de los diversos gobiernos. Un circuito sin fin de piquetes, planes, dinero, más piquetes, más planes, más dinero, más piquetes.
La dinámica, de acuerdo con las actuaciones a las que tuvo acceso Infobae, se basaba en “exigir coactivamente a los beneficiarios de planes sociales su participación en marchas y manifestaciones públicas y/o la entrega de una porción del dinero, bajo la advertencia expresa en algunos casos de ‘dar de baja el plan’”. En la denuncia que hizo el Ministerio se presentaron un total de 924 casos”.
Los allanamientos se ordenaron porque “se encontraban reunidos los elementos de convicción suficientes para convocar a 28 personas y efectuar 27 allanamientos -pertenecientes a domicilios particulares y sedes de comedores populares, como Rivadavia I, La Carbonilla, Mariano Ferreyra, Kuña Guapa y Caminos de Tiza, depósitos, oficinas, locales de organizaciones sociales y cooperativas vinculadas”. “Todo ello a fin de proceder a la aprehensión de los imputados para garantizar su comparecencia, secuestrar el producto del delito y recolectar elementos probatorios tales como planillas de asistencias a las movilizaciones o dispositivos celulares”, se indicó en el fallo de la Sala I de la Cámara que destrabó los operativos.
Lo cierto es que en la investigación se detectó una presunta maquinaria montada con dinero de planes sociales y alimentos que tenían por destino final los comedores, pero que habría sido desviado hacia la venta al público en barriadas de bajos recursos. De acuerdo a lo que trascendió de fuentes con acceso al expediente, en algunas organizaciones sociales como el Polo Obrero se armó una pirámide jerárquica que se iniciaba en un puñado de líderes de la mesa nacional y terminaba en una multitud de demandantes de planes sociales. De ese escalafón, según los premios y castigos aplicados por la instancia superior a la inferior, el beneficiario podía recibir un plan, perderlo, “manejar” más planes o menos.
“Detectamos seis escalones. El líder piquetero es la cara visible ante los medios y el gobierno. No sólo es Belliboni, también son dirigentes como Jeremías Canteros. Debajo de ellos están los referentes, que están a cargo de barrios y varios comedores. Debajo aparecen los delegados, que tienen la condición del viejo puntero, que está en un barrio y organiza un comedor. Después están las cuadrillas o esenciales, que son los que convocan y proponen a los beneficiarios”, explicaron fuentes de la investigación. Más allá de que las funciones y tareas no están reglamentadas, subir o bajar de esa pirámide se basa en la asistencia a las marchas y el control de que el grupo a su cargo partícipe en esas movilizaciones.
De acuerdo con la investigación, para recibir un plan, cada beneficiario debía aportar un porcentaje del dinero que cobraba. Es que hasta la llegada de Javier Milei a la presidencia y de la nueva política en materia de asistencia que puso en marcha el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, las organizaciones piqueteras tenían la potestad de certificar las tareas laborales obligatorias que debían realizar los beneficiarios de los planes. Eran los agentes de contralor que tenía el Estado y, por lo tanto, eran dueños de una formidable herramienta para conceder o retirar un beneficio social.
El Gobierno aplicó una reforma que eliminó el principal programa social, el Potenciar Trabajo, y desactivó esa facultad que tenían las organizaciones sociales de certificar si quien recibía un plan social había cumplido una tarea laboral.
“Había un escalafón. El referente era el líder principal y era el que iba organizando para abajo. El Polo Obrero era el que más tenía asentado esta forma de actuación y en menor medida era Barrios de Pie. A los que no cumplían lo que les decían, los bajaban y los podían mandar hasta a lista de espera, con lo cual la persona no cobraba, perdía el plan y tenía que esperar para volver. Tenía que hacer méritos para que se lo vuelvan a dar. Pero lo grave es que a la gente le cobraban para mantener y para darle comida”, explicó a Infobae uno de los funcionarios que trabajó en la investigación del caso.
De acuerdo con esa fuente, de los 130 mil llamados a la línea 134, esta causa se inició por el testimonio de siete víctimas. “Las fueron llamando a la Fiscalía, les preguntaban cómo era que les pagaban a los que les pedían dinero, y respondían: ‘Me pedían que deposite en una cuenta’. Se le preguntaba ‘¿Y tiene constancia?’, y las víctimas respondían ‘sí, mire, esta es la transferencia bancaria, este es el chat del grupo donde me pedían que transfiera, estos son los nombres, esta es la gente que me castigaba y me sacaba el plan o me sacaban de la lista para recibir comida’. Todo eso lo aportó la gente”.
“Son personas inescrupulosas que manejaban las necesidades más básicas de la gente. Estamos hablando de mucha plata. Creemos que son unos 700 millones por mes. Es mucha guita”, revelaron portavoces con acceso a la causa.
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Más allá de las denuncias, las pruebas y los 70 mil dólares secuestrados, los líderes que quedaron en el ojo de la tormenta se juntaron frente al Congreso Nacional y dieron una conferencia de prensa para denunciar una supuesta persecución y una criminalización de la protesta social. Sobre las pruebas, los audios, los testimonios, los chats no hablaron. Por ahora.
Infobae