*Por el Equipo de EL FEDERAL ONLINE
Finalmente, las autoridades del Sindicato Gráfico de La Rioja rompieron el silencio tras ser imputadas por el delito de defraudación por administración fraudulenta. Emitieron un comunicado en el que sólo mencionaron una de las irregularidades detectadas por la veedora judicial.
“Nos encontramos acusados de que hemos actuado al margen de la ley, por el sólo hecho de efectuar ayuda a nuestros compañeros extendiéndoles ‘órdenes de compra’, movimiento dinerario que figura detallado en los balances aprobados como ‘Musigra’, siendo esta ayuda perfectamente discriminada en el balance, y que no ha afectado el patrimonio del sindicato”, es la escueta explicación que indicaron las autoridades del sindicato, que en su declaración indagatoria se negaron a declarar.
En rigor, es verdad que los acusaron por montar una mutual irregular. Es uno de los puntos que destacó el juez Gustavo Díaz a la hora de imputarlos. Pero esas “órdenes de compra” que mencionaron los sindicalistas eran, en realidad, préstamos ilegales y, de acuerdo a la denuncia, usurarios. Esa entidad que mencionaron, “Musigra”, no tenía ningún respaldo legal. Y esos balances que mencionaron, según el dictamen de la veedora judicial, tenían muchísimas irregularidades.
Pero, además, la imputación que hizo la justicia también les achaca a las autoridades del sindicato, con el secretario general Adrián Molina a la cabeza, la grosera falta de transparencia de los balances y las transferencias de dinero de la cuenta del sindicato hacia sus autoridades (foto). Sobre esos temas nada dice la nota.
El comunicado –que circuló sin firma entre los trabajadores– en realidad trata un tema mucho más profundo, que es la convocatoria a una asamblea que realizó un grupo de trabajadores autoconvocados para tratar la situación que atraviesa el sindicato, cuya cúpula está siendo formalmente investigada por un delito gravísimo.
Sucede que la propia Federación Argentina de Trabajadores de la Imprenta, Diario, Medios Electrónicos, Digitales y Afines (FATIDA), emitió un comunicado “ante la gravedad institucional que está atravesando” el Sindicato Gráfico de La Rioja, en el que indicó que la única salida “válida y legal” es que “los afiliados se autoconvoquen a través de una asamblea general”.
Y eso hizo un grupo de empleados del sector, que se enteró por EL FEDERAL ONLINE de las investigaciones y las imputaciones que pesan sobre las autoridades del gremio en la justicia provincial y en el fuero federal. Mantener el poder cuando hay tantas pruebas en contra será una verdadera odisea para Adrián Molina y sus aliados. En las fábricas del sector se escuchó más de una vez la palabara “corrupción” en los últimos días y hay un nutrido grupo de autoconvocados enojados que buscarán regularizar la situación del sindicato.
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