Ayer terminó la ronda de indagatorias en la causa en la que las autoridades del Sindicato Gráfico de La Rioja están siendo investigadas por los manejos de fondos del gremio entre 2015 y 2018, y el uso de una mutual trucha. El secretario general, Adrián Molina, se negó a declarar.
Las indagatorias habían comenzado el martes, con el turno de los imputados Segundo Antonio Albornoz y Marcelo Moreno. Los dos se abstuvieron.
Además de Molina, este miércoles se presentaron en el Juzgado de Instrucción Nº1 los otros dos imputados citados: el ex tesorero Francisco Albornoz y Julio Bustos. Ninguno declaró.
Llamativamente, la policía no permitió que les saquen fotos a los acusados en la puerta del edificio de tribunales penales, ubicado sobre la calle Pelagio B. Luna y un agente se acercó a pedir credenciales. A esta altura del siglo XXI hay uniformados que creen que para hacer periodismo se necesitan “credenciales”.
Los cinco imputados están acusados por el delito de “defraudación por administración fraudulenta”. El caso ya se instruyó, aunque no se habían realizado las indagatorias, porque se investigó con “autores a determinar”. Ahora habrá que ver si el fiscal Luis González o los abogados defensores piden nuevas medidas de prueba.
En su dictamen, el fiscal había advertido que hubo “irregularidades en los balances del sindicato” y que hubo “gastos de administración que no se pudieron verificar”.
También hizo hincapié en el uso, por parte de las autoridades del sindicato, de una entidad fantasma llamada Musigra, que funcionaba como un mutual, pero que no tenía el más mínimo respaldo legal.
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