La querella en la causa en la que se investiga un posible caso de corrupción en el seno del Sindicato Gráfico se presentó en el expediente para pedir una ampliación de la investigación.
Rodolfo Asís, querellante particular en la causa, pidió tener en cuenta dos elementos probatorios que podrían ser claves. El primero es un acta notarial realizada por la escribana María José González Nieto, del 17 de junio de 2017, elaborada a pedido de la entonces secretaria general del sindicato, Cristina Miranday.
En el acta a la que accedió EL FEDERAL ONLINE, la escribana confirma que constató que hubo transferencias por parte de directivos a sus cuentas personales, y así lo dejó asentado, al aclarar que vio la documentación.
“El acta tiene muchos datos para el estudio del expediente y se menciona a personas que deben ser citadas”, indicó el abogado querellante en su escrito.
Asimismo, el abogado pidió que también se tenga en cuenta una solicitada publicada el 9 de julio de 2017 por Miranday en el diario El Independiente, “donde acusa a los miembros de la comisión directiva e informa sobre las irregularidades cometidas por el tesorero Ramón Adrián Molina, quien sin su autorización depositaba dinero en su cuenta bancaria”.
En ese marco, el abogado pidió que se libre oficio a la policía federal para que secuestre las computadoras y documentación pertinente que en su momento no fue entregada a la veedora judicial, cuyo informe plantea muchas irregularidades en el manejo del sindicato.
En la causa hay cinco personas imputadas. Entre los acusados está el actual secretario general, Adrián Molina, y su mano derecha, Francisco Albornoz. Todos ellos ya se presentaron a indagatoria, pero ninguno declaró. Están acusados por el delito de defraudación por administración fraudulenta.
En paralelo a esta investigación, en la justicia federal hay otra causa contra las autoridades del sindicato, que ya cuenta con dictamen a favor de la apertura de la investigación por parte de la fiscal Virginia Carmona. Ahí se investigan los delitos de usura e intermediación financiera no autorizada.