La ex presidenta de Osunlar, Marita Corzo, busca frenar las elecciones internas en la obra social de los empleados de la UNLaR. Los consejeros tienen sus mandatos vencidos.
Corzo debería haber llamado a elecciones cuando era presidenta de Osunlar, pero no lo hizo. Luego fue desplazada de su cargo por las numerosas irregularidades detectadas por la síndica de la obra social.
Ahora, a días de las elecciones, la vicerrectora de la UNLaR y otros miembros de la Junta Electoral presentaron una nota al Consejo Superior en la que desnudó sus planes y los de sus aliados de lo que queda de Facu+ y FIR, los espacios políticos que la acompañan desde que fue desplazada de Osunlar. La idea es culpar de todo al Consejo Superior y los directivos de las obra social.
“Ellos, como miembros de la Junta Electoral, ponen palos en la rueda y ahora van a hacer cualquier cosa para que no se hagan las elecciones”, dijo una fuente que conoce desde adentro cómo funciona la comisión directiva.
El sector de Corzo, según las fuentes consultadas, desde el día uno ha venido buscando boicotear las urnas y se realizaron sistemáticas presentaciones ante el Consejo Superior que fueron dilatando el proceso. La idea de Corzo parecería ser culpar a otros, aunque el objetivo sea beneficiarse.
Todas las fuentes consultadas, incluso de sectores aliados a Corzo, coinciden en que su objetivo es ganar tiempo para que pueda actuar la justicia, donde la vicerrectora pidió ser restituida en su cargo, a pesar de la gran cantidad de pruebas halladas en su contra en la auditoría.
En el oficialismo sospechan de los vínculos de Corzo con la justicia. Cualquiera que sepa conceptos básicos de derecho sabe que el allanamiento de la justicia provincial a la sede de Osunlar fue ilegal. A eso se suman los claros indicios de que Marita Corzo había contratado a los hijos del juez Barría, quien ordenó el procedimiento.
Corzo fue apartada de su cargo en medio de una serie de irregularidades, con especial hincapié en la designación irregular de decenas de becarios.
El pasado 18 de agosto, Osunlar emitió una nueva resolución en la que se mandó a iniciar un sumario administrativo por ese caso, pero también por un contrato con sospechas de sobreprecios con la empresa Omega, que -según las fuentes consultadas y la resolución a la que accedió EL FEDERAL ONLINE- increíblemente tercerizaba el servicio de emergencias médicas para el que había sido contrada.
En esa resolución, que denuncia la desapareción de expedientes internos, se dictó otra suspensión preventiva de 6 meses contra Corzo y se ordenó que se realice una denuncia penal. En Osunlar aseguran que el nuevo contrato que firmó la obra social con la empresa Vital, sin intermediarios, generará un ahorro de entre 500 y 1000 por ciento.
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