En una dura solicitada, dos afiliados al sindicato gráfico desmintieron un comunicado que circuló en los últimos días, en el que se negaba los casos de corrupción en el seno del gremio. En la justicia hay dos causas: una en el fuero federal y otra en el Juzgado de Instrucción Nº1 de La Rioja, donde cinco directivos están imputados por el delito “defraudación por administración fraudulenta”.
La solicitada, que lleva la firma de Gustavo Nieto y Víctor Hugo Cativa, es una respuesta a un comunicado sin firma que circuló hace unas semanas, en el que se victimiza a las autoridades del Sindicato Gráfico por las investigaciones judiciales, pero no brinda explicaciones sobre la acusación penal. “Dicen que ‘la casa está en orden’, pero esa afirmación es una falta de respeto a los trabajadores y a la justicia. No pueden ignorar el dictamen de la veedora judicial, contadora Leticia Montavani, que detectó múltiples irregularidades en los estados contables de 2012 a 2018, y dijo que se manejaron fuera de la ley”, dice la solicitada.
Los afiliados también subrayaron que en la causa “hay 5.300 copias de pruebas de corrupción, más un informe de la veedora de 89 páginas, a lo que hay que agregar los dictámenes de los fiscales que hablan de corrupción por parte de la comisión directiva”.
En la causa están imputados el secretario general, Adrián Molina, y su mano derecha, Francisco Albornoz, además de otros tres directivos. La solicitada destacó que ninguno de los cinco acusados declaró durante su indagatoria. “¿Por qué no dieron explicaciones ante el juez? ¿Por qué se negaron a declarar”, se pregunta.
A continuación, la solicitada completa:
Por lo pronto, la causa sigue su curso. La semana pasada, la querella pidió que se investigue un acta notarial realizada a pedido de la ex secretaria general, Cristina Miranday, en el que una escribana confirmó que las autoridades del sindicato realizaron transferencias de dinero a su cuenta bancaria.
Si el fiscal Luis González Aguirre acepta el pedido, podría haber nuevas autoridades del sindicato involucradas, pues entre los beneficiarios de las transferencias figuran personas que no están imputadas. El expediente a cargo del juez Gustavo Díaz podría convertirse en una megacausa y un emblema de la lucha contra la corrupción sindical en La Rioja.